En el diagnóstico que precede a la
propuesta, los autores hacen un análisis general de los efectos del modelo
organizativo de Podemos aprobado por amplia mayoría en octubre de 2014.
Destacan tres: la autonomía de los representantes, la centralización del poder
y una competencia exacerbada -a veces también deshonesta- entre distintas
familias políticas. A estas tres manifestaciones de la deriva oligárquica
dentro del partido, añaden una cuestión adicional: el predominio de una
estrategia política basada en el discurso y el marketing, que no se debe
propiamente al modelo organizativo, pero que sin duda se ha visto favorecido
por la concentración de poder y por el hecho de que los medios de comunicación
hayan jugado un importantísimo papel en la vida política de Podemos.
A nosotros nos gustaría subrayar que esas
cuatro características no son exclusivas de Podemos, sino que se manifiestan en
la mayoría de partidos políticos actuales de manera muy similar. El modelo
organizativo de Podemos, pese a las diferencias respecto a los principales
partidos, ha demostrado ser poco resistente a las dinámicas de lo que Bernard
Manin denominó “democracias de audiencia” y a la “ley de hierro de las oligarquías”
de Robert Michels. En otras palabras: a la lógica y los ritmos mediáticos, a la
dependencia de los liderazgos carismáticos, a la influencia de encuestas y
sondeos, y a la concentración de poder interna.
Juan Moreno Yagüe y Francisco
Jurado advierten justamente que para hablar de un cambio de rumbo sustancial en
el partido, es necesario transformar “las estructuras, los órganos y las
relaciones en Podemos Andalucía”. De lo contrario, cualquier iniciativa se
condenará a producir los mismos efectos que hasta ahora. En nuestro proyecto
I+D nos interesa estudiar los efectos del sorteo en la política actual y dado
que los autores lo incluyen en su propuesta, queremos examinar de qué manera
puede contribuir el uso del este mecanismo al propósito declarado de la misma.
Una primera cuestión fundamental
que va a determinar el uso del sorteo en esta propuesta organizativa es la del
censo: ¿quién puede participar en el sorteo? Según comprobamos, solo aquellas
personas que se presenten voluntarias y logren el aval de un 10% de los
inscritos o de tres círculos del ámbito territorial en el que concurran. En la
práctica, salvo los puestos de “asistente” en los círculos territoriales, todos
los cargos sorteados son a nivel provincial o andaluz. Ante estas
restricciones, cuyo motivo no se explica, se impone una pregunta: ¿a qué perfil
de militante favorecen los avales requeridos? Partimos de la base de que los círculos
asumirían la función prevista de control mediante el aval, y que no habría círculos
que se organizaran -en una apuesta por ampliar el uso del sorteo- para avalar a
cualquier persona que se lo solicite al margen de su procedencia. Dicho esto,
quedarían previsiblemente descartados todos los inscritos en el censo de
Podemos que no participan frecuentemente en su círculo y, por tanto, carecen de
la confianza necesaria para lograr el aval. También tendrían muchas
dificultades aquellos militantes muy activos en un círculo en concreto, pero
que no han accedido a actividades o cargos de responsabilidad que les hayan
puesto en contacto de manera estable e individualizada con otros círculos que
pudieran avalarlos y carecen de redes organizadas que los promocionen en otros
lugares. En consecuencia, el tipo de militante que estaría en mejores
condiciones para lograr los avales -y por tanto, resultaría estadísticamente más
frecuente en los sorteos- sería precisamente el que ya ha ocupado cargos de
responsabilidad y/o forma parte de corrientes organizadas dentro de Podemos.
Por otra parte, se establece la
voluntariedad como requisito previo a la constitución del censo de sorteables.
Otras alternativas hubieran sido la voluntariedad a posteriori -es decir, la
posibilidad de aceptar o declinar una vez la persona ya ha sido seleccionada
por sorteo- o la obligatoriedad entre los inscritos; aunque en ambos casos,
habría que adaptar el funcionamiento del sistema de avales en consecuencia. La
opción escogida tiende a reducir el censo, ya que es un hecho constatado por la
sociología política que personas con determinados perfiles sociales y políticos
tienden a auto-excluirse de la participación activa y, especialmente, de los
puestos de responsabilidad. Sería el caso, por ejemplo, de personas con menos
recursos culturales legítimos y con escasa experiencia política previa. También
de las mujeres, que tienden a participar menos que los hombres; aunque la
paridad exigida en todos los órganos aseguraría su presencia al final del
proceso. Desde un punto de vista democrático hubiera sido interesante
considerar la tendencia a la marginación estructural de estos perfiles para
tratar de combatirla e incentivar su participación política. A modo de reflexión
más general, nuestra posición acerca de los censos sobre los que deben
asegurarse los mecanismos de participación, es que deben ser lo menos
restrictivos que sea posible. Más allá de las cuestiones formales, se ha
demostrado que los censos establecen censuras muy severas para quienes están
menos dotados de los recursos que más se valoran en las organizaciones políticas.
Lo que, por el contrario, no está demostrado es que dichos recursos sean los únicos
ni los mejores para tomar las decisiones políticas más adecuadas en cada
momento. Para ello sería necesario establecer dispositivos de evaluación, de
rendición de cuentas de las decisiones políticas. Un proceso de rendición de
cuentas del trabajo realizado en cada uno de los cargos -sorteados o no- nos
parece útil para llevar a cabo una reflexión colectiva del trabajo político,
que al mismo tiempo funcionaría como dispositivo de formación del que se
beneficiarían tanto los militantes como la organización misma.
En conclusión, el sistema elegido para
controlar el censo para el sorteo puede reforzar la tendencia oligárquica ya
instalada en Podemos. Consideramos que los requisitos son excesivos si el
objetivo es ampliar la capacidad del mayor número posible de personas para
participar en los órganos de toma de decisiones. Como alternativa, si lo que se
pretende es establecer un filtro previo que garantice mínimamente el compromiso
de quienes se presenten voluntarios, podría extenderse el mismo sistema de aval
local a los sorteos provinciales y andaluces: un 10% de apoyos del círculo en
el que se participe habitualmente, junto con el requisito de un tiempo de militancia
razonable, pongamos seis meses. De esta manera, el sorteo podría estar al
alcance de cualquiera que participe con asiduidad y merezca la confianza y el
reconocimiento de sus compañeros y compañeras. Podemos afirmar, en todo caso,
que el sorteo, tal y como aparece en la propuesta, no serviría para promocionar
perfiles sociales y políticos poco frecuentes hasta el momento en la dirección
del partido. En cambio sí modificaría parcialmente sistema de selección de las élites
del mismo; pero ¿en qué sentido?
Sortear una parte de los puestos de
los equipos autonómicos entre cuadros que pertenecerían, en su mayoría, a las
distintas corrientes del partido, produciría dos resultados. Primero,
garantizaría la pluralidad de voces en los órganos dirigentes, haciendo menos
rentables las maniobras dirigidas a tratar de controlar los procesos de selección,
con el enorme perjuicio que ello tiene para la convivencia dentro del partido y
para su imagen externa, ya que buena parte de las disputas se publicitan en los
medios de comunicación. Este efecto sería limitado, pese a todo, ya que el
sorteo solo garantiza 8 de 20 puestos, que tenderían a repartirse entre las
distintas corrientes de manera proporcional al volumen de su militancia. Otros
8 puestos se elegirían con un sistema mayoritario uninominal (como en el Reino
Unido), incrementando las tensiones ya existentes, ya que sería una elección a
todo o nada en cada provincia. Los cuatro puestos restantes dependerían del
responsable de cada equipo, elegido a nivel andaluz, que contaría con una prima
de 3 puestos adicionales designados por él mismo, lo que aseguraría las
posibilidades de la corriente hegemónica en la región. Así, el sorteo, paradójicamente,
suavizaría las tensiones entre corrientes en un sistema cuyo diseño global
tiende a incrementarlas, a cambio de intentar acercar a los representantes a su
base territorial. Solo en casos excepcionales, el sorteo podría cumplir una
función más amplia de regulación de la competencia entre élites, al desempatar
elecciones muy igualadas -por ejemplo, elecciones en las que dos corrientes con
un peso similar empaten a representantes-.
El segundo resultado, quizás con mayor
potencial político, es que el sorteo dificultaría parcialmente el control que
ejercen los dirigentes de las distintas corrientes sobre la designación de
puestos entre sus seguidores. El sorteo permitiría el acceso directo a
instancias de representación -los equipos-, saltando el orden asignado en una
lista o la designación personal de quienes ocupan puestos de responsabilidad.
Esto permitiría a los militantes elegidos por sorteo la posibilidad de ejercer
responsabilidades sin necesidad de un vínculo personal asociado a cada función
específica: es decir, sin que ningún dirigente lo haya promocionado para ese
puesto en particular. Es cierto que una corriente o familia le habría permitido
la entrada en el sorteo, pero también lo es que a dicha corriente le interesará
no restringir demasiado el número de seguidores que participan en el mismo para
poder competir con sus rivales, por lo que el vínculo tenderá a ser más difuso.
En este sentido, el sorteo podría favorecer una socialización del poder en el
seno de cada corriente o familia, estimulando los intercambios, ampliando las
redes sociales de los sujetos y la posibilidad de salir de un marco único de
referencia. Como demuestra constantemente la realidad política, las corrientes,
aunque actúen colectivamente como tales, distan mucho de ser homogéneas y
estables: el sorteo aquí abriría un pequeño espacio para que la expresión de la
diversidad interna de cada corriente no se organice jerárquicamente. Dicho más
crudamente: el ascenso y permanencia en la estructura de la organización no
estaría tan supeditado a la lealtad a los dirigentes que posibilitan la promoción.
Esto podría mejorar el tipo de sujeto político que produce el partido, así como
el tono y el contenido de los debates.
En resumen, a nivel andaluz y
provincial, podemos decir que el uso del sorteo serviría parcialmente para
civilizar el comportamiento de las élites a nivel individual (los sujetos que
las componen) y colectivo (las relaciones entre las distintas corrientes y
familias), en el contexto de un modelo continuista con el control oligárquico
de la organización, ya que incluso en el caso de que se ampliara el censo de
sorteados, su limitación a 8 de los 20 puestos garantiza el control por parte
de las élites a través de las elecciones uninominales a nivel provincial.
A nivel local, el sorteo ocuparía un
lugar más importante: serviría para seleccionar a los “Asistentes”, que junto a
la figura del “Responsable” -electo-, sustituirían a los actuales Consejos
Ciudadanos Municipales. Al margen del cambio de denominación, no queda clara la
diferencia entre las nuevas figuras propuestas y los órganos actuales. Es de
suponer que, a falta de una normativa específica, las nuevas figuras acabarían
cumpliendo funciones similares, lo que supondría la entrada de personas
sorteadas en los órganos de representación de Podemos a nivel local. Con la
ventaja democrática añadida de que sería el propio círculo, en un ámbito
accesible a cualquier persona inscrita, el que definiría el censo para el
sorteo. Las personas sorteadas rotarían cada dos años y podrían ser revocadas a
los 6 meses, posibilitando un proceso de rendición de cuentas. Todo ello,
sumado a la rotación anual obligatoria de los portavoces ofrecería un panorama
municipal muy diferente al actual, a la espera de una definición más precisa de
la tarea de “responsables” y “asistentes”. En este caso, consideramos que el
sorteo sí podría tener un importante potencial democrático, aunque se limitara
a una figura de segundo orden -los “Asistentes”-. Su convivencia con los órganos
electos -“Responsables”, los equipos de comunicación y tecnológico y portavoces
con una elevada rotación- podría ser una experiencia política muy interesante.
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